Salud
A médicos no les alcanza con trabajar el equivalente a 2 dias al mes por Gs. 5 millones, renuncias darían paso a vancancias laborales en el sector público
28/8/26
5
Min
La protesta del sector médico mantiene en discusión el esquema salarial aplicado a vínculos de 48 horas de trabajo al mes, equivalentes a 12 horas semanales.
Actualmente, este tipo de contrato parte de aproximadamente G. 5 millones mensuales, mientras que el reclamo apunta a elevar esa remuneración hasta G. 8 millones.
En términos de carga horaria, las 48 horas mensuales equivalen a dos jornadas completas de 24 horas, aunque en la práctica pueden distribuirse en turnos semanales de 12 horas. El pedido salarial forma parte de las medidas impulsadas por médicos del sector público.
Las renuncias anunciadas o presentadas por profesionales en distintos establecimientos públicos también abren otra discusión dentro del sistema sanitario. En caso de que esas salidas sean aceptadas y los puestos deban ser cubiertos, podrían generarse nuevas vacancias laborales para médicos y otros profesionales de blanco.
Esto dependerá de los procesos administrativos, de la necesidad de reemplazar a quienes dejan sus cargos y de las decisiones que adopten las instituciones responsables de cada servicio.
El reclamo implica llevar la remuneración desde G. 5 millones hasta G. 8 millones mensuales para determinados contratos de 48 horas. Esto representa un incremento de G. 3 millones por vínculo, mientras continúa la discusión sobre la carga horaria, las condiciones laborales y la disponibilidad de recursos dentro del sistema público.
Al mismo tiempo, una eventual salida de profesionales puede obligar a las instituciones sanitarias a cubrir servicios y especialidades que no pueden quedar sin personal, lo que podría traducirse en concursos, reemplazos o nuevas contrataciones, dependiendo de cada caso.
Si las renuncias masivas avanzan y son efectivizadas, parte de los cargos actualmente ocupados podría quedar disponible para otros profesionales del área de salud. Esto convertiría el conflicto laboral no solo en una discusión salarial, sino también en un posible movimiento de puestos dentro del sector público.
