
Un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado resolvió condenar al senador Erico Galeano Segovia a 13 años de prisión por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal en el marco de la causa A Ultranza Py, vinculada a una estructura de tráfico internacional de drogas.
La resolución judicial se dio a conocer tras la deliberación del colegiado luego de la etapa final del juicio.
Los magistrados dispusieron además que el legislador mantenga la libertad ambulatoria hasta que la sentencia quede firme, es decir, hasta que exista una resolución definitiva por parte de instancias superiores.
Durante la lectura del fallo, el tribunal expuso detalles de una operación relacionada con un inmueble ubicado en el complejo habitacional Aqua Village, en la ciudad de Altos.
Según los antecedentes presentados en el proceso, la propiedad fue adquirida el 8 de febrero de 2013 por USD 210.599, con un pago inicial de USD 10.529 y un saldo de USD 200.070 financiado en 18 cuotas mensuales.
Posteriormente, el 14 de octubre de 2020, se firmó un contrato privado de compraventa mediante el cual el inmueble fue transferido por USD 1.000.000 en efectivo.
El tribunal señaló que el comprador formal no contaba con capacidad económica suficiente para realizar la operación y que la modalidad de pago se realizó sin registros bancarios ni trazabilidad financiera.
La sentencia indicó que la operación inmobiliaria estuvo vinculada a integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas, investigada en el marco del operativo A Ultranza Py.

De acuerdo con lo expuesto por el tribunal, el senador brindó apoyo logístico a la estructura criminal entre los años 2020 y 2021.
Uno de los hechos mencionados fue el uso de una aeronave con matrícula paraguaya ZP-BHQ, propiedad del legislador, utilizada para un traslado aéreo entre Ciudad del Este y Asunción el 30 de diciembre de 2020.
Los magistrados también mencionaron que el acusado habría recibido importantes sumas de dinero provenientes de la estructura criminal, recursos que posteriormente fueron utilizados en diversas inversiones.
Entre ellas se mencionó una operación vinculada al Club Deportivo Capiatá, donde se consignó un monto cercano a G. 10.379.000.000 declarado como cuentas a cobrar en la declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República al asumir el cargo de senador.
El tribunal resolvió mantener la libertad ambulatoria del legislador mientras la sentencia no quede firme.