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El Estado necesita más plata para pagar a constructoras y farmacéuticas pero todavía no dice de dónde saldrá
29/6/26
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) admitió que requerirá fondos adicionales para regularizar las obligaciones acumuladas con contratistas y proveedores del Estado.
Sin embargo, no precisó cuánto dinero será necesario, qué efecto tendrá sobre el déficit fiscal ni cuáles serían los gastos que podrían reducirse para mantener la meta anual.
Las deudas afectan principalmente a empresas constructoras y proveedoras del sistema de salud. El compromiso con el sector de la construcción se estima en USD 200 millones de capital, además de USD 120 millones en intereses, lo que elevaría el monto a aproximadamente USD 320 millones.
A esto se suman obligaciones superiores a USD 1.000 millones con compañías farmacéuticas, relacionadas con alrededor de 500 proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Instituto de Previsión Social.
El MEF indicó que los pagos seguirán la programación financiera vigente, la disponibilidad de dinero en caja y las prioridades establecidas por el Gobierno.
La cartera económica habló de una regularización gradual de las obligaciones, especialmente en las áreas de salud e infraestructura, pero no informó cuánto desembolsará el Tesoro entre julio y diciembre por encima de lo previsto inicialmente.
El Ministerio reconoció que existe un requerimiento adicional de recursos, aunque tampoco indicó la magnitud de esa necesidad ni confirmó si deberá compensarse mediante reducciones en otras partidas presupuestarias.
El Decreto N.º 6120 contempla medidas para contener el gasto por un valor equivalente al 0,4% del producto interno bruto.
El ahorro calculado mediante estas disposiciones asciende a USD 262 millones, una cifra inferior al total de las obligaciones acumuladas con constructoras y proveedores del sistema sanitario.
El MEF no identificó los programas, proyectos o partidas que podrían registrar una menor ejecución si se incrementan los pagos durante el segundo semestre.
El Gobierno mantiene para 2026 una meta de déficit equivalente al 1,5% del PIB. No obstante, su cumplimiento quedó condicionado a la aplicación de un mecanismo de cesión de derechos de cobro y a la cantidad de proveedores que decidan utilizarlo.
Esta herramienta permite transferir el derecho a cobrar una deuda estatal para obtener liquidez antes del pago directo del Gobierno. Su resultado dependerá de la adhesión de las empresas, la validación de las obligaciones y las condiciones financieras ofrecidas.
El MEF tampoco presentó una proyección actualizada del déficit después de los cambios presupuestarios anunciados. El cierre dependerá de los ingresos del segundo semestre, el nivel de gasto y el esquema que finalmente se acuerde con los proveedores.
Hasta mayo, el déficit fiscal acumulado alcanzó el 0,9% del PIB, frente al límite anual de 1,5%.
