
El Ministerio de Educación y Ciencias comunicó que, durante las verificaciones por la incorporación irregular de documentos académicos, fue localizado dentro de la institución un mecanismo informático que dificultaba identificar las direcciones IP utilizadas para realizar esas operaciones. La cartera ya presentó una denuncia penal para determinar quién instaló el sistema y cómo funcionaba.
La revisión estableció que los documentos podían ser ingresados de manera remota o mediante los propios servidores del MEC. Cuando los investigadores intentaron reconstruir el recorrido de las conexiones, encontraron el dispositivo que interrumpía el seguimiento del origen digital.
La denominación técnica de la herramienta todavía no fue determinada. Una pericia informática deberá establecer si se trataba de un servidor intermediario, un mecanismo de anonimización u otra tecnología diseñada para dificultar el control de las conexiones y los registros internos.
Los trabajadores del sector informático que estarían relacionados con la instalación del mecanismo continúan formando parte de la institución mientras avanza la investigación.
Sin embargo, fueron retirados de las dependencias donde presuntamente ocurrieron las irregularidades y ya no cumplen tareas en esos sectores.
Actualmente, más de 800 funcionarios están siendo investigados dentro de la causa. Además, 14 jefaturas y direcciones fueron apartadas de sus funciones mientras se revisan las responsabilidades vinculadas con la expedición irregular de títulos.

Como parte de los cambios anunciados, la cartera educativa proyecta implementar una plataforma integrada de gestión. En la actualidad funcionan cinco sistemas diferentes, situación que dificulta el cruce de datos y los controles internos.
La propuesta contempla unificar las plataformas del MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. La institución espera contar con el nuevo modelo desde finales de año.
Entre las medidas evaluadas se encuentra la suspensión de habilitaciones para institutos y ofertas de formación docente dirigidas al primer y segundo ciclo.
También se estudia establecer un examen único como requisito para la expedición de matrículas, dentro de una serie de controles anunciados después de detectarse las irregularidades relacionadas con los documentos académicos.