
Según lo expuesto por referentes del sector de la construcción durante el debate sobre la deuda del Estado con contratistas, el mecanismo de factoraje planteado como salida financiera solo alcanzaría para cubrir una parte del pasivo acumulado, mientras persisten advertencias sobre la falta de recursos para sostener el ritmo de las obras públicas.
La preocupación también apunta al presupuesto vigente para infraestructura, que es considerado insuficiente frente al volumen de compromisos atrasados y a la carga financiera que ya vienen absorbiendo las empresas.
De acuerdo con lo planteado por el sector, el esquema en análisis permitiría convertir parte de la deuda en pagos financiados a tres años a través del sistema financiero.
Dentro de ese plan, el Estado asumiría los intereses, pero el monto estimado rondaría los USD 150 millones, cifra que, según las constructoras, solo cubriría una parte del total adeudado.
Las firmas vinculadas a la ejecución de infraestructura señalaron que desde hace tiempo continúan operando con capital propio o recurriendo a proveedores para mantener en marcha los proyectos.
También indicaron que existen certificados de pago con atrasos de entre cuatro y seis meses, incluso en obras que cuentan con financiamiento externo ya asegurado.
Otro de los puntos planteados es la brecha entre lo que se certifica mensualmente y lo que efectivamente desembolsa el Estado.

Según los datos mencionados por el sector, cada mes se certifican obras por alrededor de USD 60 millones, mientras que los pagos oficiales se ubican entre USD 35 y 40 millones.
Esa diferencia estaría empujando un aumento de la deuda de aproximadamente USD 15 millones por mes, con posibilidad de ampliarse a medida que entren proyectos de mayor tamaño.
Las advertencias también alcanzan al monto previsto para obras públicas dentro del presupuesto actual.
Desde el sector se sostuvo que, aunque el presupuesto del MOPC ronda los USD 650 millones, ese nivel sería insuficiente al considerar una deuda acumulada cercana a USD 250 millones, además de unos USD 100 millones en intereses.
Bajo ese escenario, se advirtió que el año podría cerrarse nuevamente con un pasivo cercano a los USD 300 millones.
Las constructoras señalaron además que varias empresas ya atraviesan dificultades financieras y que algunas se encuentran en procesos de convocatoria de acreedores.