Fondos del MEF para Gobiernos locales suman G. 1,65 billones, con un desglose detallado de Royalties y Fonacide

Transferencias Financieras a Gobiernos Subnacionales en 2023

En un reciente informe emitido por la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), se destaca la asignación financiera realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia los Gobiernos Municipales y Departamentales durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2023.

Hasta el mes de setiembre, el MEF ha canalizado un total de G. 1,65 billones hacia estas entidades subnacionales. Desglosando esta cifra, las Municipalidades han sido beneficiarias de G. 893.836 millones. 

Por su parte, las Gobernaciones han recibido G. 764.836 millones. Estas transferencias abarcan tanto los montos provenientes de Royalties como del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Para ofrecer una perspectiva más detallada, las Municipalidades han sido asignadas con G. 224.137 millones del Fonacide y G. 548.388 millones a través de Royalties.

 En el caso de las Gobernaciones, los montos asignados ascienden a G. 162.708 millones de Royalties y G. 59.153 millones correspondientes al Fonacide. 

Adicionalmente, se ha transferido un total de G. 394.118 millones a las Gobernaciones, fondos que provienen directamente de los impuestos, específicamente de la Fuente 10 Recursos del Tesoro.

Es esencial resaltar que todas estas transferencias de recursos financieros en 2023 están reguladas y sujetas a la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2023", y su respectivo Decreto Reglamentario N° 8759/2023. 

Esta normativa estipula una serie de requerimientos legales que deben ser cumplidos estrictamente por las entidades receptoras.

En caso de incumplimiento de estos requerimientos, el Tesoro Nacional tiene la facultad de suspender las transferencias de recursos financieros hasta que las entidades regularicen la presentación de rendiciones de cuentas e informes, conforme a los plazos y condiciones previamente establecidos en las normativas vigentes. 

Es un mecanismo que garantiza la transparencia y el uso adecuado de los fondos asignados.

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