Según informaron fuentes oficiales, el gobierno de Argentina ha comenzado diálogos con varias empresas privadas de América Latina para que, en caso de una eventual privatización, puedan asumir el control de Aerolíneas Argentinas.
Este movimiento ocurre en medio de un creciente conflicto con los sindicatos del sector.
Las autoridades consideran que las acciones gremiales, como paros y asambleas, representan presiones indebidas que afectan el funcionamiento de la aerolínea.
Un portavoz gubernamental señaló que, si estas medidas continúan, la privatización de la compañía aérea es una opción que se está evaluando.
La privatización de Aerolíneas Argentinas no está contemplada en la actual ley que regula las empresas públicas sujetas a este proceso.
Por lo tanto, cualquier avance en esta dirección requeriría la aprobación del Congreso.
Las recientes medidas de fuerza han afectado a alrededor de 40.000 pasajeros, generando retrasos y cancelaciones. El gobierno argumenta que, en el ámbito privado, acciones como los paros podrían derivar en el despido de los trabajadores involucrados.
Las autoridades buscan aplicar medidas que eviten mayores inconvenientes para los usuarios.
El secretario de Transporte calificó la huelga realizada como un "fracaso" y anunció que se presentará una denuncia penal contra el líder sindical responsable, acusándolo de "infundir temor público".
Afirmó que todos los aeropuertos operan con normalidad y que los vuelos están saliendo según lo programado, garantizando la seguridad operacional en todo el país.
Altos funcionarios gubernamentales se reunieron recientemente para discutir el futuro de Aerolíneas Argentinas y evaluar posibles soluciones al conflicto laboral.
En el encuentro participaron miembros del gabinete económico y asesores presidenciales.