
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) comunicó que 283 funcionarios están sometidos a sumarios administrativos por casos relacionados con documentos académicos presuntamente falsificados y anomalías detectadas en el sistema encargado de registrar credenciales universitarias. Entre las personas investigadas aparecen trabajadores que ocupaban puestos de dirección en dependencias vinculadas con estos trámites.
Del total bajo investigación interna, 13 funcionarios fueron denunciados ante el Ministerio Público para profundizar las averiguaciones en el ámbito penal.
Estas personas habrían intervenido en el procesamiento de 330 títulos examinados por la cartera educativa.
Además, nueve de los investigados ejercían funciones directivas en oficinas relacionadas con el registro de documentos expedidos por universidades e institutos de educación superior.
La revisión del sistema también detectó el ingreso de más de 1.000 usuarios que no contaban con autorización. Un primer grupo de 550 cuentas habría realizado aproximadamente 130.000 acciones irregulares dentro de la plataforma utilizada para gestionar las inscripciones de títulos.
El MEC indicó que no se comprobó un ataque informático. La institución señaló que el mecanismo utilizado impedía identificar con facilidad la dirección de internet desde la cual se efectuaban las operaciones, por lo que continúa la búsqueda de los equipos involucrados.

Como parte de las medidas administrativas, fueron reemplazados 13 funcionarios en dos etapas, primero seis y luego otros siete. Los cambios alcanzaron al equipo relacionado con el registro, la validación y la regularización de documentos académicos.
La cartera educativa también apartó a responsables de dependencias que estaban directamente vinculadas con la gestión de las credenciales universitarias investigadas.
Otra línea abierta analiza la posible falsificación de resoluciones y legalizaciones del MEC. Esos documentos habrían sido empleados posteriormente en Brasil para tramitar o respaldar títulos académicos irregulares.
Una denuncia sobre estos hechos ya había sido presentada ante la Fiscalía en abril y fue reiterada para que se incorporara a las investigaciones actuales.
La comisión especial del Senado que estudia el caso pidió documentación a cerca de 20 universidades e institutos superiores. Varias instituciones todavía no remitieron sus respuestas, por lo que se prepara una segunda solicitud.