
La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones trabaja durante 2026 en las reglamentaciones previstas en la Ley N.º 7235, cuya aplicación está programada para el próximo año. Entre las normas en preparación se encuentra un reglamento de gobierno corporativo que establecerá nuevas condiciones para la administración de las cajas previsionales.
El objetivo es que las entidades encargadas de manejar los aportes y fondos de jubilación cuenten con una estructura más técnica, criterios comunes y mecanismos internos de vigilancia.
Las nuevas disposiciones exigirán la conformación de comités de inversiones, riesgos y otras instancias de control interno. Estos equipos tendrán participación en el análisis de las decisiones tomadas con los recursos administrados por cada entidad.
También se establecerán mayores requisitos de preparación para quienes integren los consejos de administración y los equipos ejecutivos.
La Superintendencia encontró casos de personas sin formación universitaria o experiencia financiera al frente de instituciones que manejan patrimonios de gran tamaño.
El relevamiento realizado por el organismo regulador detectó diferencias en la manera en que las cajas registran, administran y presentan sus datos financieros.

Ante esta situación, la reglamentación buscará fijar criterios contables, de inversión y de gestión compartidos, de modo que las instituciones operen bajo parámetros definidos para todo el sistema previsional.
Uno de los puntos señalados para el Instituto de Previsión Social (IPS) es la concentración de sus recursos. Actualmente, más del 40% de sus fondos se encuentra colocado dentro del sistema financiero, una proporción que aproxima a la institución a los límites legales permitidos en varias entidades.
El planteamiento es desarrollar capacidades técnicas que permitan acceder a otros instrumentos y distribuir las inversiones, incluyendo la posibilidad de colocar una parte de los recursos en activos internacionales. El IPS también realizó ajustes en algunas operaciones después de una aclaración sobre los límites establecidos en la Ley N.º 7235.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal sigue siendo la entidad que requiere mayor atención del organismo supervisor. La institución mantiene atrasos en el pago de haberes a jubilados y trabaja en la adecuación de un plan presentado ante la Superintendencia.
El proceso incluye el acompañamiento del ente regulador mientras se completan las normas que permitirán reforzar el control sobre las distintas cajas previsionales.