
El Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 6120, firmado por el presidente Santiago Peña y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, para establecer medidas adicionales de optimización, priorización y gestión del gasto público dentro del Presupuesto General de la Nación 2026.
La normativa fue impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y busca ordenar la administración de los recursos públicos, limitar gastos no prioritarios y evitar la generación de obligaciones sin respaldo financiero efectivo.
El decreto establece que las instituciones deberán priorizar recursos destinados a salud, educación, seguridad y programas sociales, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios considerados esenciales.
También dispone que se utilicen primero los Recursos Institucionales, Fuente 30, antes de recurrir a los Recursos del Tesoro, Fuente 10, como parte de una gestión financiera más ordenada.

La normativa contempla la presentación de planes institucionales para regularizar obligaciones pendientes con proveedores y contratistas.
Esta disposición apunta a ordenar los compromisos financieros del Estado y transparentar las deudas pendientes dentro de las instituciones públicas.
El decreto incluye medidas de racionalización sobre gastos operativos, adquisiciones de bienes no esenciales, equipamientos de oficina, catering y nuevas inversiones que no sean consideradas prioritarias.