En una reciente medida adoptada por el estado de Florida, se ha promulgado una ley que introduce restricciones significativas en el uso de plataformas de redes sociales por parte de individuos menores de 14 años. Esta legislación, firmada por el gobernador Ron DeSantis, forma parte de un conjunto de acciones destinadas a regular la interacción de los menores con estos espacios digitales.
La normativa estipula que los individuos menores de 14 años están prohibidos de crear cuentas en plataformas de redes sociales sin excepciones. Además, se establece que para aquellos entre 14 y 15 años, es obligatorio obtener consentimiento paterno para poder participar en dichas plataformas, lo que implica un control parental directo sobre la presencia en línea de los jóvenes.
Un aspecto destacado de la ley es la obligación para todas las personas que deseen utilizar redes sociales en Florida de presentar documentos de identidad para verificar su edad, un requisito que busca asegurar el cumplimiento efectivo de las restricciones de edad.
La iniciativa de Florida se inscribe dentro de una tendencia más amplia observada en varios estados de Estados Unidos, donde se han introducido leyes similares con el objetivo de proteger a los menores de los potenciales efectos negativos asociados al uso de redes sociales. Otros estados, como Arkansas y Ohio, han implementado regulaciones que también exigen autorización parental para la apertura de cuentas en redes por parte de menores.
Organizaciones que representan a importantes entidades del sector tecnológico, han expresado su oposición a esta ley, argumentando que podría ser contraproducente y violar derechos constitucionales. Además, esta y leyes similares en otros estados han enfrentado impugnaciones legales, señalando un debate en curso sobre la mejor manera de equilibrar la protección de los menores con la libertad de expresión en línea.
Empresas como Meta y TikTok, afectadas directamente por estas regulaciones, han mostrado preferencia por una legislación nacional unificada en lugar de un enfoque estatal fragmentado, argumentando que esto facilitaría una implementación más coherente y efectiva de medidas de protección para los usuarios adolescentes.