
Durante el debate político vinculado a la reforma de la Caja Fiscal, surgieron cuestionamientos relacionados con obligaciones financieras del Estado con distintos sectores económicos, entre ellos empresas constructoras y farmacéuticas.
En declaraciones realizadas en el marco de la discusión legislativa, se mencionó que el monto adeudado al sector de la construcción supera los USD 900 millones, mientras que también se registran compromisos millonarios con proveedores del área farmacéutica.
Las obligaciones pendientes con compañías vinculadas a obras viales y suministro de medicamentos forman parte de las críticas planteadas en medio del debate económico.
Representantes políticos señalaron que estas deudas corresponden a servicios ya prestados al Estado y que la situación genera presión sobre sectores empresariales que participan en proyectos públicos.
En ese contexto se planteó la necesidad de discutir mecanismos para abordar estos compromisos financieros.
El planteamiento se da mientras el Congreso analiza cambios relacionados con el sistema previsional estatal.

En la Cámara de Diputados se otorgó media sanción a la iniciativa vinculada a la reforma de la Caja Fiscal, proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La discusión legislativa también se desarrolla en un contexto de movilizaciones impulsadas por docentes y otros sectores vinculados al sistema previsional.
Dentro de la agenda parlamentaria se incluyeron diversas actividades relacionadas con asuntos económicos y previsionales.
Entre ellas figura la interpelación al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), institución que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diferentes sectores.