
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que las obligaciones pendientes con proveedores del Ministerio de Salud rondan los USD 280 millones. La acumulación está vinculada con contratos utilizados en menos tiempo del planificado, un aumento de las atenciones médicas y fallas en el seguimiento financiero de las compras públicas.
Parte de las adquisiciones de medicamentos e insumos había sido programada para cubrir periodos de dos o tres años. Sin embargo, varios contratos terminaron ejecutándose en aproximadamente un año, lo que concentró los compromisos de pago dentro de un solo ejercicio presupuestario.
Esta situación hizo que algunas instituciones asumieran obligaciones por encima del dinero disponible para ese periodo, dejando facturas pendientes con empresas proveedoras.
El MEF señaló que la demanda de los servicios públicos de salud prácticamente se duplicó. De alrededor de 20 millones de prestaciones registradas anteriormente, la cifra pasó a más de 40 millones de asistencias durante los primeros dos años y medio de la actual administración.
La puesta en funcionamiento de nuevos establecimientos también aceleró el uso de recursos. En algunos casos, niveles de ocupación que se esperaban alcanzar en un año fueron registrados en apenas tres meses.

Otra de las causas mencionadas fue la separación entre las dependencias encargadas de administrar los contratos y las áreas responsables de controlar el dinero. Esto impedía conocer de manera actualizada cuánto se había utilizado y qué pagos seguían pendientes.
Para cerrar esa brecha, el Gobierno implementará el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigevis), una herramienta que conectará las plataformas de contrataciones públicas, presupuesto y facturación electrónica.
El sistema permitirá seguir cada operación desde la planificación y la firma del contrato hasta el pago final, además de registrar automáticamente las obligaciones generadas por las instituciones.
El decreto reglamentario de la Ley N.º 1.535 establece responsabilidades personales para quienes ejecuten contratos sin contar con disponibilidad presupuestaria.
Los funcionarios que autoricen ese tipo de operaciones podrán quedar expuestos a sanciones administrativas e incluso penales, dependiendo de cada caso. El control apunta a impedir que vuelvan a generarse compromisos estatales sin fondos asignados.
El MEF reconoció que el presupuesto vigente del Ministerio de Salud no alcanza para cubrir el crecimiento de la demanda y adelantó que la cartera recibirá recursos adicionales durante este año.
Las nuevas necesidades también serán incorporadas al proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación 2027, con una revisión de programas y una posible reasignación de fondos hacia áreas consideradas prioritarias, principalmente Salud.