
El debate sobre posibles cambios en el tratamiento de las utilidades en reserva generó cuestionamientos desde el sector contable, en el marco de las medidas que analiza el Gobierno para mejorar la recaudación, según expresaron profesionales del área.
Las propuestas en estudio incluyen la posibilidad de establecer límites al uso de utilidades retenidas por parte de las empresas, en un contexto de menores ingresos fiscales.
Entre las alternativas evaluadas se encuentra fijar un plazo para que las empresas capitalicen o distribuyan sus utilidades acumuladas.
El planteamiento apunta a que estas ganancias sean alcanzadas por el Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU) del 8%, en caso de no ser utilizadas dentro del período establecido.
Actualmente, la normativa permite mantener dichas utilidades sin un límite temporal definido.
Profesionales del área señalaron que la medida implicaría una mayor carga impositiva para las empresas.
Indicaron que el esquema podría obligar a realizar pagos incluso en situaciones donde no exista disponibilidad financiera para distribuir utilidades.

También advirtieron sobre el impacto en el flujo de caja de las compañías.
El planteamiento se da en un escenario donde algunas empresas registran dificultades financieras vinculadas a atrasos en pagos por parte del Estado.
Estas condiciones, según el sector, inciden en la capacidad de cumplir con nuevas obligaciones tributarias.
La discusión se enmarca en un contexto más amplio de revisión de medidas fiscales.
Datos recientes muestran una disminución en la recaudación, con variaciones en ingresos tributarios y aduaneros durante el primer bimestre.
En este escenario, el Gobierno evalúa distintas acciones orientadas a sostener los niveles de ingreso fiscal.