
Desde la Cámara Vial Paraguaya se indicó que los proyectos de infraestructura continúan en ejecución, aunque con una desaceleración en su avance debido a limitaciones financieras vinculadas a atrasos en los pagos.
La situación se da en un contexto donde persisten compromisos pendientes entre el Estado y las empresas del sector.
El sector registra obligaciones impagas por alrededor de USD 200 millones en certificados, a lo que se suman aproximadamente USD 110 millones en intereses generados por retrasos en los desembolsos.
Estas condiciones inciden en la capacidad operativa de las empresas constructoras, que deben reorganizar sus recursos para sostener las obras en curso.
Ante la falta de liquidez, las empresas priorizan determinadas tareas dentro de cada proyecto, lo que deriva en una menor velocidad de ejecución.
En este escenario, las obras no se detienen formalmente, pero avanzan de forma parcial según la disponibilidad de recursos.

La situación afecta a empresas de distintos tamaños, así como a subcontratistas vinculados a las obras.
El retraso en los pagos genera dificultades para cubrir costos operativos y compromisos dentro de la cadena de proveedores.
Desde el sector se trabaja en mecanismos como el factoring para canalizar parte de las obligaciones pendientes.
Las propuestas se encuentran en análisis en conjunto con el Ministerio de Economía, con el objetivo de habilitar herramientas que permitan avanzar en los cobros.
El ritmo actual de ejecución incide en el cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos de obra pública.