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¿Segundo tiempo?, Funcionaria sumariada es nombrada asesora de presidencia en IPS
6/5/26
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Según la Resolución C.A. N° 087-005/2025 del Instituto de Previsión Social, en noviembre de 2025 el Consejo de Administración dispuso la apertura de un sumario administrativo contra siete funcionarios por presuntas irregularidades en la gestión de un contrato de arrendamiento con inversión firmado en 2018 con la firma Paseo Los Árboles .
En este contexto, una de las funcionarias sumariadas, Claudia María Martínez Bogado, fue recientemente nombrada como asesora de Presidencia del presidente Isaías Fretes, dentro de un proceso que ya se encontraba en curso desde el año anterior.
Los funcionarios incluidos en el procedimiento fueron Víctor Manuel Rivas Granados, Claudia María Martínez Bogado, Schneider Rossana Quiñónez Maldonado, Antonella Jara Medina, Maidi Andrea Grunfeld Duarte, Reinaldo Augusto Silva González y Herminio Luis Roche Cárdenas.
La decisión se originó tras auditorías internas que identificaron 17 hallazgos, varios de ellos con impacto económico sobre recursos institucionales.
Entre los puntos señalados se incluyeron omisiones en la gestión del contrato, falta de controles administrativos y deficiencias en el seguimiento de las condiciones establecidas.
El contrato contemplaba una inversión de Gs. 55.182.669.500 por parte del arrendatario, con beneficios como períodos de gracia en el pago del canon.
Posteriormente, se suscribieron cuatro adendas que modificaron las condiciones iniciales.
Según los informes, en varias de estas modificaciones no se realizaron análisis técnicos financieros, lo que impidió evaluar su impacto sobre la rentabilidad del proyecto.
Los datos de auditoría indicaron que el Valor Actual Neto del proyecto descendió de Gs. 54.166 millones en 2018 a Gs. 33.815 millones en 2023, lo que implicó una diferencia de Gs. 20.350 millones.
También se detectaron inconsistencias en los criterios utilizados para el cálculo de la rentabilidad en una de las adendas.
El informe estimó que el IPS dejó de percibir Gs. 153.722 millones en concepto de canon de arrendamiento debido a las prórrogas otorgadas.
De acuerdo con el cronograma vigente, el Instituto comenzaría a recibir el 50% del canon recién en septiembre de 2026, varios años después de la firma del contrato.
Las auditorías también señalaron la eliminación de ingresos por subarrendamientos, falta de actualización de garantías contractuales y demoras en comunicaciones relacionadas con la garantía bancaria.
Además, se registraron diferencias entre el contrato finalmente firmado y el documento previamente aprobado, así como falta de control sobre obligaciones tributarias del arrendatario.
El sumario administrativo fue tramitado conforme al marco normativo vigente y constituyó un procedimiento previo a la eventual aplicación de sanciones.
Durante este proceso, los funcionarios involucrados contaron con la posibilidad de presentar descargos y ejercer su defensa dentro del expediente correspondiente.
