
La Administración Nacional de Electricidad confirmó que los proyectos privados interesados en instalarse en Paraguay acumulan pedidos por 6.300 megavatios, una cantidad cercana a toda la potencia que corresponde al país dentro de Itaipú. Ante este volumen, la institución solicitó al Equipo Económico Nacional un plazo adicional de 15 días para completar el estudio técnico requerido.
El documento deberá precisar cuánta electricidad puede comprometer actualmente el sistema paraguayo para atender emprendimientos que requieren un suministro permanente y elevado, sin dejar de cubrir las necesidades del mercado local.
Los registros manejados por la ANDE indican que la mayor exigencia instantánea del país llegó a 4.241 MW durante los meses de altas temperaturas. Ese nivel representa aproximadamente entre el 60% y el 70% de la potencia que Paraguay puede retirar de la central hidroeléctrica.
El porcentaje restante, calculado en torno al 30%, es transferido actualmente a Brasil. Por ese motivo, los pedidos acumulados por las empresas superan el margen que se encuentra libre para incorporaciones inmediatas.
Paraguay dispone del 50% de los 14.000 MW generados por Itaipú, pero una parte considerable ya es necesaria para abastecer hogares, comercios, servicios e industrias que están en funcionamiento.
El análisis solicitado por el Equipo Económico Nacional busca establecer si el país puede recibir proyectos como centros de datos, operaciones vinculadas con inteligencia artificial y plantas de hidrógeno verde, todos caracterizados por su elevado requerimiento eléctrico.

El pedido fue promovido por el Ministerio de Industria y Comercio, que planteó abordar de manera conjunta la disponibilidad energética y las condiciones que deberán cumplir los nuevos emprendimientos.
La ANDE deberá estudiar diferentes escenarios antes de informar qué cantidad puede asignarse, en qué puntos existe infraestructura suficiente y qué inversiones adicionales serían necesarias para conectar estas instalaciones.
La administración eléctrica también plantea reemplazar la revisión individual de cada propuesta por una tarifa técnica uniforme, calculada de acuerdo con el nivel de tensión utilizado por cada industria. Los valores serán publicados en el portal institucional para que las empresas puedan evaluar previamente sus costos.
Con este mecanismo, los interesados conocerán las condiciones económicas antes de presentar solicitudes particulares. La definición de los precios será coordinada con otras instituciones del Estado y se aplicará bajo los mismos criterios a todos los proyectos de esta categoría.