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Acuerdo del tren entrega mayoría accionaria a Etihad Rail y compromisos al Estado
29/5/26
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El proyecto de ley sancionado por el Congreso Nacional para autorizar el acuerdo de Gobierno a Gobierno sobre el tren de cercanías establece compromisos financieros y legales para Paraguay.
El documento aprobado involucra al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Fepasa, el Ministerio de Industria y Comercio y la firma Etihad Rail, de Emiratos Árabes Unidos.
El esquema plantea que el Estado paraguayo actúe como garante del sistema ante los inversionistas y que el Ministerio de Economía y Finanzas deba fondear el fideicomiso del proyecto con una anticipación mínima de 12 meses antes de cada vencimiento previsto.
La estructura prevista para la ejecución del tren será mediante una Sociedad de Objeto Específico. En esa sociedad, Fepasa tendrá el 25% de participación, mientras que Etihad Rail quedará con el 75%.
Con esa distribución, las decisiones operativas, tecnológicas y estratégicas quedarían bajo control mayoritario de la firma emiratí.
El acuerdo también autoriza al Poder Ejecutivo a firmar el contrato de subconcesión y el contrato de implementación directamente con Etihad Rail o con la entidad que designe el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
El acuerdo fija un costo estimado de USD 480 millones para el primer tramo del tren de cercanías. Además, establece que Fepasa deberá aportar USD 50 millones para ingresar como accionista minoritario dentro de la sociedad encargada del proyecto.
El texto también dispone que los pagos de inversión diferida no estarán sujetos a deducciones, multas ni retenciones impositivas, lo que reduce el margen de acción estatal ante eventuales controversias con la empresa operadora.
El documento permite pactar prórroga de jurisdicción dentro del contrato de implementación. Esto implica que eventuales conflictos contractuales o controversias legales podrían ser tratados en tribunales de arbitraje internacional en el exterior.
Además, el acuerdo excluye la aplicación de normas relacionadas con concesiones, alianzas público-privadas y contrataciones públicas tradicionales, dejando fuera los mecanismos habituales usados en compras y proyectos estatales.
El acuerdo también establece que la liberación de la franja de dominio será responsabilidad del Estado paraguayo, a través del MOPC. Esto incluye gestiones, costos y eventuales retrasos por expropiaciones, indemnizaciones o reubicaciones de familias y comercios ubicados en el trazado.
