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Asoban pone el foco en las cuentas del Estado y advierte que el grado de inversión por sí solo no garantiza más crecimiento ni bienestar
8/8/26
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La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) planteó durante la segunda Convención Bancaria que la obtención de un nuevo grado de inversión no garantiza por sí misma un camino automático hacia una mayor prosperidad. El gremio bancario sostuvo que el país deberá acompañar esa calificación con previsibilidad, reglas estables y control de las cuentas públicas.
Uno de los puntos señalados por Asoban fue la necesidad de abordar los problemas relacionados con el gasto público que supera las posibilidades fiscales y evitar que las soluciones de corto plazo terminen trasladando obligaciones hacia los próximos años.
El gremio también colocó dentro de esa discusión la sostenibilidad de los sistemas jubilatorios, al considerar que se trata de un asunto estructural que debe formar parte del análisis de las finanzas públicas.
Asoban señaló que el acceso a los mercados internacionales no depende únicamente de indicadores económicos, sino también de la capacidad del país para mantener reglas claras, estables y conocidas por quienes operan en la economía.
La posición del sector bancario apunta a que la calificación alcanzada por Paraguay funciona como una puerta para acceder a nuevas oportunidades, pero su continuidad estará vinculada con las decisiones económicas e institucionales que se adopten en adelante.
El sector bancario mencionó los acuerdos impulsados para cumplir con obligaciones de corto plazo con proveedores del Estado y señaló que las entidades financieras acompañaron ese proceso.
Sin embargo, Asoban sostuvo que resolver compromisos inmediatos no reemplaza la discusión sobre el origen de los desequilibrios fiscales y la forma en que el Estado administra sus gastos a mediano y largo plazo.
Otro de los planteamientos estuvo relacionado con el Banco Central del Paraguay (BCP). La asociación pidió preservar su independencia técnica y credibilidad institucional.
El gremio reconoció la facultad del BCP para establecer las normas que regulan al sistema financiero, aunque planteó una mayor comunicación con las entidades antes de implementar disposiciones que tengan impacto directo sobre sus operaciones.
