
Organizaciónes de trabajadores expresó su rechazo al incremento del 5% en el salario mínimo anunciado por el Poder Ejecutivo y planteó objeciones sobre el alcance de la medida frente a los gastos cotidianos de los hogares. La postura fue difundida mediante un comunicado en el que se expusieron cuestionamientos al mecanismo utilizado para definir el nuevo monto.
El ajuste adelantado contempla una suba de G. 144.952 mensuales, con lo que el salario mínimo pasaría a ubicarse en G. 3.044.000, una vez que sea oficializado mediante decreto.
El porcentaje comunicado supera la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó 2,4%, utilizada habitualmente como referencia para la actualización salarial.
De acuerdo con lo anunciado, el incremento fue definido por encima de ese indicador. Con una aplicación estricta del IPC, el reajuste habría sido cercano a G. 69.577, mientras que la cifra finalmente adelantada prácticamente duplica ese valor.
Desde el sector sindical que emitió el pronunciamiento sostienen que el ingreso mínimo legal continúa lejos de cubrir los gastos necesarios para el sostenimiento de un hogar.
La organización indicó que, según estimaciones elaboradas por sus integrantes, el costo mensual de vida de una familia paraguaya alcanza aproximadamente G. 7.614.000, una diferencia significativa respecto al monto que regiría desde julio.

Asimismo, cuestionó la ausencia de una discusión más amplia sobre la evolución de los precios de productos y servicios que integran la canasta familiar.
La formalización del reajuste salarial está prevista para los días 19 o 20 de junio, cuando el Poder Ejecutivo firme el decreto correspondiente.
Una vez concretado ese paso administrativo, el nuevo salario mínimo entraría en vigencia a partir de julio de 2026 para los trabajadores alcanzados por la normativa laboral vigente.