
Gremios vinculados al sector de la construcción emitieron un pronunciamiento dirigido al Gobierno en el que advierten sobre el retraso en los pagos por obras ejecutadas.
En el documento señalan que la situación genera un escenario que describen como “default selectivo interno”, al considerar que se priorizan compromisos externos mientras existen obligaciones pendientes dentro del país.
Las organizaciones que representan a empresas constructoras y consultoras sostienen que el incumplimiento de pagos por parte del Estado está afectando el desarrollo de proyectos de infraestructura y la estabilidad financiera de compañías vinculadas al sector.
El pronunciamiento también menciona que los inversionistas observan diversos factores al momento de evaluar proyectos en el país.
Entre los elementos señalados se encuentran la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y las condiciones para operar proyectos productivos.
Los gremios sostienen que el retraso en el cumplimiento de obligaciones vinculadas a obras públicas puede generar efectos sobre el entorno de inversión y el desarrollo de infraestructura.
Según los datos difundidos por las organizaciones del sector, el presupuesto destinado a obras públicas para 2026 asciende a USD 570 millones.

No obstante, los compromisos de obras en ejecución para el mismo periodo están estimados en USD 800 millones.
A esta diferencia se suma una deuda acumulada con empresas contratistas que, incluyendo capital e intereses, alcanza aproximadamente USD 360 millones.
Las organizaciones del sector indicaron que el retraso en los pagos no solo afecta a las empresas constructoras.
También mencionaron efectos sobre proveedores, subcontratistas y trabajadores vinculados a los proyectos de infraestructura.