
as negociaciones sobre el reajuste del salario mínimo continúan sin avances dentro del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasan), mientras se acerca la fecha límite para elevar una recomendación al Poder Ejecutivo.
En el proceso participan representantes de trabajadores, empleadores y autoridades laborales. Bernardo Rojas, representante sindical ante el organismo, confirmó que las conversaciones quedaron suspendidas de manera indefinida debido a la falta de acuerdos sobre el porcentaje de incremento salarial.
La principal diferencia entre ambas partes se centra en la metodología que debe utilizarse para calcular el reajuste.
Los representantes empresariales sostienen que la actualización debe realizarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP), siguiendo el mecanismo vigente.
Por su parte, las organizaciones sindicales plantean un incremento del 20%, equivalente a aproximadamente G. 647.000, argumentando que el salario actual perdió capacidad de compra durante los últimos años. Actualmente, el salario mínimo vigente alcanza G. 2.899.048.
El sector trabajador cuestiona los parámetros utilizados para medir el costo de vida y sostiene que la canasta empleada para calcular la inflación no representa completamente los gastos cotidianos de quienes perciben salario mínimo.
Dentro de la propuesta sindical se encuentra la incorporación de nuevas variables relacionadas con alimentación, salud, educación, vivienda y transporte, además de una revisión de los criterios utilizados para determinar el impacto de la inflación sobre los ingresos laborales.

Según un estudio presentado por las centrales obreras, el salario mínimo acumula una pérdida histórica del 22,3% en su poder adquisitivo desde finales de la década de 1980, motivo por el cual consideran necesario un ajuste superior al mecanismo tradicional basado únicamente en el IPC.
El calendario oficial establece que la propuesta de reajuste debe ser presentada al Poder Ejecutivo durante la primera quincena de junio para que la eventual actualización pueda entrar en vigencia desde julio.
Las organizaciones sindicales solicitaron una audiencia con el presidente Santiago Peña para abordar el conflicto y analizar alternativas de negociación.