Ecuador enfrenta violencia narco con ampliación de estado de excepción

Ecuador ha decidido prolongar el estado de excepción por 30 días adicionales, una medida inicialmente implementada en enero para abordar el incremento de violencia atribuido a las actividades de grupos narcotraficantes. Esta decisión permite la movilización de fuerzas militares para reforzar el orden tanto en las calles como en las instalaciones penitenciarias del país, que se han convertido en centros neurálgicos para la distribución de narcóticos hacia mercados internacionales.

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La nación ha experimentado un preocupante aumento en las tasas de homicidios, saltando de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2023, situando a Ecuador entre los países con mayor índice de violencia a nivel mundial. Sin embargo, desde la instauración del estado de emergencia, se ha observado una disminución significativa en la tasa de homicidios diarios, de 28 a 11 tras las primeras semanas de enero.

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La extensión del estado de emergencia abarca el sistema penitenciario, afectado por la infiltración de organizaciones criminales que utilizan estas instalaciones como plataformas de operación. La medida busca confrontar la "grave conmoción interna" y el "conflicto armado interno" que enfrenta Ecuador, según se detalla en la documentación oficial. La Constitución ecuatoriana permite al presidente mantener este estado hasta por un máximo de 90 días continuos.

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El contexto de esta decisión incluye la fuga de Adolfo “Fito” Macías, líder de una prominente banda criminal, de una prisión en Guayaquil, lo que precedió a un recrudecimiento de los actos violentos por parte de grupos narcotraficantes. Esta situación resultó en múltiples víctimas mortales, secuestros temporales de más de 200 funcionarios policiales y penitenciarios, así como ataques con explosivos.

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Este episodio subraya los desafíos que Ecuador enfrenta en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, enfatizando la necesidad de adoptar medidas excepcionales para restaurar la seguridad y el orden en el país. La administración actual se esfuerza por mitigar el impacto de estas actividades delictivas y sus consecuencias en la sociedad ecuatoriana.

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