Internacionales
El Tesoro de Estados Unidos apunta a una red de Brasil y Portugal por presunto lavado de dinero ligado al PCC
4/7/26
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones contra dos ciudadanos brasileños, tres compañías radicadas en Brasil y una empresa portuguesa por su presunta participación en una estructura destinada a lavar dinero para el Primeiro Comando da Capital, conocido como PCC. La medida fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros el 1 de julio.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la red habría servido como conexión entre integrantes del grupo criminal que operaban en Florida y traficantes ubicados fuera de Estados Unidos. Las restricciones alcanzan a firmas vinculadas con servicios de pagos, intermediación comercial, construcción, transporte y almacenamiento.
La investigación señala que los involucrados habrían blanqueado más de USD 30 millones provenientes de actividades ilícitas dentro de Estados Unidos. Parte de esos recursos habría regresado al PCC en Brasil mediante operaciones realizadas con criptomonedas.
Una de las compañías incluidas en la medida también aparece relacionada con el presunto desvío de dinero pagado originalmente por un club de fútbol brasileño dentro de un acuerdo publicitario con una plataforma de apuestas. El Tesoro afirma que los fondos terminaron en una empresa controlada por la organización criminal.
La lista incluye tres empresas brasileñas que operan en los sectores de intermediación, pagos y construcción, además de una firma de transporte y almacenamiento registrada en Lisboa.
La mayor de las compañías brasileñas sancionadas cuenta con un capital social cercano a 30 millones de reales, equivalentes a unos USD 5,8 millones. Los registros oficiales indican que ninguna de las tres sociedades brasileñas se encontraba regulada por el Banco Central de Brasil.
Estas son las primeras sanciones aplicadas después de que Estados Unidos designara al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras. La decisión amplía las herramientas financieras y legales disponibles para rastrear activos y operaciones relacionadas con ambos grupos.
La clasificación generó cuestionamientos desde el Gobierno brasileño, que sostuvo que la medida podría afectar la soberanía del país y no contribuiría necesariamente al combate contra el narcotráfico.
Las investigaciones sobre el uso de pequeñas compañías tecnológicas para mover recursos vinculados con organizaciones criminales llevaron al Banco Central de Brasil a adelantar el plazo de registro para determinadas firmas del sector financiero.
