Un juez federal en Texas anuló el programa ‘Manteniendo a las familias unidas’, también conocido como Parole in place, una iniciativa impulsada por la administración de Joe Biden que buscaba brindar un camino hacia la ciudadanía a cerca de 700.000 migrantes indocumentados.
La decisión fue emitida el 7 de noviembre a través de un fallo de 74 páginas, según informó la agencia de noticias Bloomberg.
El programa, que fue anunciado en agosto de 2024, estaba enfocado en beneficiar a cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses que ingresaron al país de forma irregular y que han residido en los Estados Unidos por más de una década.
No obstante, la medida fue temporalmente suspendida a los pocos días de su entrada en vigor, mientras el juez en Texas evaluaba una demanda presentada por 16 estados liderados por funcionarios republicanos que pedían su anulación.
Los demandantes sostuvieron que el presidente Biden no contaba con la autoridad legal para implementar el programa sin la aprobación del Congreso.
También argumentaron que la iniciativa tenía fines políticos al ser anunciada en un contexto cercano a las elecciones presidenciales.
Finalmente, el juez federal J. Campbell Barker decidió anular el programa de forma definitiva, argumentando que el mandatario excedió sus facultades al promulgarlo.
El objetivo del programa era facilitar a los beneficiarios la obtención de la residencia legal (green card) sin necesidad de abandonar Estados Unidos, evitando así un proceso que suele ser largo y requiere que los migrantes salgan del país.
Según había señalado el presidente, el programa buscaba brindar estabilidad a familias migrantes que llevan años residiendo en el país y contribuyendo a la sociedad.
Aunque el fallo judicial se produjo un día después de que Donald Trump fuera declarado presidente electo de Estados Unidos, la decisión judicial se alinea con la tendencia de endurecimiento en las políticas migratorias anunciada por el presidente electo.
En una declaración reciente, Trump indicó su intención de implementar medidas más restrictivas en la frontera y afirmó que promovería la entrada legal de personas al país.
El presidente electo ha declarado que evaluará un cierre más estricto de la frontera como parte de su política migratoria.
Asimismo, ha reiterado su compromiso con las deportaciones, una promesa de campaña que ha sido enfatizada en varios discursos recientes.