
La Junta Municipal de Asunción aprobó el balance correspondiente al ejercicio 2025 con 13 votos a favor y diez en contra. El documento reúne la ejecución presupuestaria de los primeros meses de la administración anterior, el periodo de intervención municipal desarrollado entre junio y agosto y los últimos cuatro meses bajo la gestión actual.
La votación se realizó durante una sesión con presencia de funcionarios sindicalizados, quienes reclamaron la aprobación del informe financiero. La mayoría oficialista acompañó el dictamen y cerró el debate antes de someterlo a consideración del pleno.
El balance volvió a tratarse luego de que la Junta Municipal lo rechazara en una sesión anterior. Para esta nueva votación, la Comisión de Hacienda y Presupuesto presentó las respuestas remitidas por la Intendencia ante las consultas y objeciones planteadas por los concejales.
Entre los puntos analizados aparecen la baja inversión en obras, la falta de la firma de un auditor, contratos cuestionados y diferencias sobre la manera en que fueron registrados determinados ingresos, obligaciones y activos municipales.
La oposición sostuvo que las cuentas exponen irregularidades vinculadas al manejo de G. 512.000 millones durante la administración anterior. La intervención municipal había señalado el uso irregular de la Cuenta Única, donde fueron administrados recursos que tenían otros destinos específicos.

También se mencionaron retenciones que debían transferirse a la Caja Municipal o al Instituto de Previsión Social, además de compromisos pendientes con proveedores y otros acreedores de la institución.
La administración municipal atribuyó parte de la reducida ejecución presupuestaria a los plazos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para comunicar llamados y adjudicar contratos relacionados con el presupuesto.
Otro argumento fue la intervención atravesada por la Municipalidad durante tres meses de 2025, situación que habría alterado los procedimientos administrativos y el desarrollo de las contrataciones previstas.
En el área de desarrollo urbano se había señalado una ejecución de apenas 1% del presupuesto durante el ejercicio pasado. La respuesta municipal volvió a relacionar ese resultado con los tiempos de contratación y los cambios internos producidos durante la intervención.
Uno de los cuestionamientos se centró en los G. 103.544 millones consignados como pérdida dentro del Estado de Resultados de 2025. La Intendencia sostuvo que existió un error de interpretación y que el resultado final del ejercicio debía considerarse positivo.
Desde la oposición señalaron que el cálculo debía incluir las obligaciones vencidas y los compromisos que todavía no fueron pagados. Entre las cuentas mencionadas aparecen deudas con trabajadores, farmacéuticas, el IPS y otros proveedores municipales.
Representantes sindicales afirmaron que contar con el balance aprobado es necesario para tramitar financiamiento y realizar distintas compras. Indicaron que el documento puede ser requerido al solicitar créditos destinados a cubrir temporalmente las necesidades de caja.