
El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que el déficit fiscal alcanzará el 3,2% del producto interno bruto al cierre de 2026, dejando atrás la previsión inicial que apuntaba a terminar el año dentro del límite de 1,5%. El cambio responde principalmente a la incorporación de obligaciones pendientes con proveedores del sistema de salud y contratistas de obras públicas.
Los compromisos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2025 rondan los USD 1.270 millones. Esta cifra será incorporada en los presupuestos de los próximos años para que los pagos atrasados aparezcan dentro de las cuentas oficiales.
Del déficit estimado para este año, 1,2 puntos porcentuales corresponden al pago de obligaciones que quedaron pendientes, mientras que el resultado relacionado directamente con los ingresos y gastos de 2026 se ubicaría cerca del 2% del PIB.
El escenario también está marcado por una menor entrada de recursos tributarios. Entre los factores mencionados por el Ministerio se encuentran la caída del dólar frente al guaraní y la reducción de los ingresos provenientes de las entidades binacionales.
Para el próximo año, la previsión oficial indica que el déficit fiscal llegará aproximadamente al 3,9% del PIB. Sin considerar las cuentas atrasadas, el desequilibrio correspondiente al funcionamiento normal de 2027 rondaría el 1,9%.

El Gobierno solicitará al Congreso autorización para aprobar un Presupuesto General de la Nación con un resultado superior al máximo permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El nuevo plan contempla volver al tope fiscal de 1,5% del PIB recién en 2028, al cierre de la actual administración. De esta manera, la trayectoria prevista establece un déficit de 3,2% en 2026, otro de 3,9% en 2027 y el retorno al límite legal al año siguiente.
La modificación fue presentada dentro de un panorama financiero que abarca los años restantes del actual periodo de gobierno y que incorpora los compromisos pendientes dentro de los presupuestos futuros.
De los USD 1.270 millones registrados como obligaciones pendientes, aproximadamente USD 1.050 millones corresponden a proveedores del área de Salud, mientras que otros USD 220 millones pertenecen a contratistas del Ministerio de Obras Públicas.
Para cubrir parte de las cuentas con farmacéuticas se plantea utilizar una cesión de derechos de cobro. Con esta operación se buscaría obtener entre USD 400 millones y USD 450 millones, aunque también se recibieron propuestas que alcanzan los USD 500 millones.
La operación permitiría entregar dinero inmediato a los proveedores y trasladar el compromiso al sistema financiero, que recibiría los pagos del Estado durante un periodo de 36 meses.