
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que el esquema de “economía de guerra” comenzó a aplicarse en marzo, en un contexto de restricciones en la disponibilidad de recursos públicos.
Al mismo tiempo, proveedores del Estado, incluyendo empresas constructoras y del sector farmacéutico, registran pagos pendientes que superan un año.
Las obligaciones impagas afectan a compañías vinculadas a obras públicas y suministro de insumos que mantienen contratos con el Estado.
En varios casos, los retrasos en los desembolsos se extienden por periodos prolongados, lo que incide en la operativa financiera de las empresas.
El rubro de la construcción reporta deudas relacionadas con proyectos ejecutados o en etapa de finalización.
Por su parte, empresas farmacéuticas registran atrasos en pagos por provisión de medicamentos al sistema público.

La implementación del esquema de ajuste fue presentada como respuesta a la situación financiera actual.
La medida entra en vigencia en un escenario donde las deudas con proveedores ya se encontraban acumuladas con anterioridad.
El registro de obligaciones impagas en distintos sectores muestra un contexto en el que conviven medidas recientes de contención con deudas generadas en periodos anteriores.