
El rol del Estado frente a los desajustes financieros de las cajas jubilatorias fue aclarado por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, a partir de información difundida en espacios radiales. Desde el organismo se señaló que no existe una obligación legal para que el Tesoro cubra de forma automática los déficits del sistema previsional.
La precisión surge en medio de discusiones públicas sobre el financiamiento de cajas con problemas financieros.
Las cajas jubilatorias operan como entidades autónomas y autárquicas, con administración propia de sus recursos.
Esto implica que cada una debe responder por el pago de jubilaciones y beneficios con sus ingresos, sin respaldo estatal directo ante faltantes.
Desde la Superintendencia se recordó que intervenciones pasadas del Estado se dieron bajo situaciones excepcionales y mediante leyes específicas.
En esos procesos se aplicaron recortes de hasta el 50% en haberes y esquemas de devolución parcial de aportes, con una participación estatal limitada.

Algunas cajas mantienen desfasajes relevantes.
En el régimen municipal, el atraso para regularizar pagos se ubica entre G. 10.000 y G. 15.000 millones, mientras que la deuda acumulada en 2025 alcanzó G. 26.538 millones.
En el sector público, el saldo negativo de 2025 fue de USD 379.363.459, cubierto con excedentes internos y con aproximadamente USD 210 millones provenientes de impuestos.
La Superintendencia inició un seguimiento específico sobre la Caja Municipal, que arrastra cinco meses de atrasos y dificultades desde hace dos años.
Además, se prevé exigir balances, auditorías y estudios actuariales a todas las cajas para contar con un diagnóstico del sistema en un plazo de dos a tres meses.