
El debate sobre las bonificaciones en el sector público volvió a instalarse en el Senado, donde el ministro de Economía, Óscar Lovera, expresó su rechazo a un recorte abrupto de estos ingresos.
Óscar Lovera sostuvo que eliminar las bonificaciones generaría un impacto directo en los ingresos de los funcionarios públicos.
Advirtió que una medida de este tipo podría provocar un escenario de incertidumbre en los salarios y afectar la estabilidad financiera de quienes dependen de estos montos adicionales.
El tema fue abordado en una reunión de la mesa directiva del Congreso, encabezada por Basilio Núñez, donde se planteó la necesidad de revisar el esquema de pagos extras dentro del Estado.
Legisladores impulsan controles más estrictos y una eventual reducción de estos beneficios.

El titular de Economía explicó que estos ingresos forman parte del esquema salarial de miles de trabajadores públicos.
Señaló que cortar estos pagos de manera inmediata podría generar un efecto en cadena dentro de la estructura estatal, desde cargos administrativos hasta áreas operativas.
La discusión se enmarca en un escenario de restricciones en las finanzas públicas, donde el Gobierno viene planteando medidas de ajuste bajo el concepto de “economía de guerra”.
Este enfoque busca reducir gastos ante una caída en la recaudación y presiones sobre el presupuesto estatal.
Mientras algunos sectores del Congreso promueven la reducción de bonificaciones, el Ministerio de Economía insiste en evaluar el impacto de estas decisiones sobre los ingresos y el funcionamiento del aparato estatal, en medio de un proceso de revisión del gasto público.