
Según el decreto publicado por el Poder Ejecutivo y difundido por la Secretaría de Energía, se dispuso la venta de 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima mediante licitación pública nacional e internacional.
Además, se implementará un programa de propiedad participada de hasta 5% que permitirá la inclusión de 2.989 trabajadores en el esquema accionario.
El Estado argentino mantendrá el 51% del capital, conservando así el control accionario de la empresa.
La norma habilita la participación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para ejecutar el proceso.
El texto sostiene que la transferencia parcial de la generación nucleoeléctrica al sector privado busca equiparar las condiciones con otras fuentes de producción de energía.
De acuerdo con los datos oficiales, la potencia instalada de las tres centrales nucleares bajo administración de Nucleoeléctrica es de 1.763 megavatios.
Desde el Senado, el bloque opositor presentó un proyecto de ley para frenar la enajenación parcial de la compañía y declarar de interés público y estratégico el desarrollo nuclear argentino.

La propuesta de privatización fue anunciada el 16 de septiembre de 2025, recordando que en 2023 la empresa había recibido transferencias de capital del Estado por un total de 700 millones de pesos, equivalentes a 2 millones de dólares según el tipo de cambio de ese año.
La compañía figura entre las firmas incluidas en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobada en junio de 2024, que habilita la desregulación y el ajuste de varias áreas estatales.
Nucleoeléctrica Argentina tiene a su cargo la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, además de la comercialización de la energía generada en el Mercado Eléctrico Mayorista.