
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra en la etapa final de elaboración del Presupuesto General de la Nación 2027, mientras el Poder Ejecutivo analiza la situación de las cuentas públicas y la estructura de gastos para el próximo año. El planteamiento oficial contempla un déficit equivalente al 3,9% del producto interno bruto (PIB), por encima del límite de 1,5% fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La diferencia responde principalmente a la necesidad de atender obligaciones pendientes con proveedores del Estado. Para hacerlo, el Ejecutivo prevé solicitar al Congreso autorización para superar temporalmente el límite fiscal y acceder a aproximadamente USD 600 millones de nuevo financiamiento externo.
Entre las variables utilizadas para estructurar el PGN 2027 aparece el tipo de cambio vigente.
La elaboración presupuestaria considera una cotización cercana a ₲ 6.000 por USD 1, nivel alrededor del cual viene moviéndose actualmente la moneda estadounidense.
El proceso comenzó con la presentación de los anteproyectos presupuestarios de las diferentes instituciones públicas y ahora entra en su fase de consolidación antes de que el documento avance hacia las siguientes instancias.

Dentro del esquema preparado para 2027 no se contemplan incrementos significativos de los presupuestos institucionales. Si una dependencia solicita una cantidad mayor de recursos, el análisis pasará por los resultados de programas existentes y la posibilidad de trasladar fondos desde otras áreas.
En materia salarial, tampoco está previsto un recorte de cargos dentro del Estado. Los aumentos contemplados se limitarían a los efectos derivados del último reajuste de 5% del salario mínimo.
El Gobierno mantiene la postura de no crear ni aumentar impuestos dentro de la planificación fiscal. Sin embargo, el MEF analiza la posibilidad de retirar determinadas exenciones o exoneraciones tributarias como parte de las medidas relacionadas con la recaudación.
La elaboración del PGN 2027 queda así atravesada por tres puntos centrales: un déficit previsto de 3,9% del PIB, la búsqueda de cerca de USD 600 millones para cubrir compromisos pendientes y una revisión del gasto institucional antes de definir posibles reasignaciones.