
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Oxfam Internacional señalan que los gastos tributarios sociales representan ingresos que los Estados dejan de percibir por tratamientos fiscales diferenciados orientados a determinados objetivos de política pública.
En América Latina y el Caribe, la protección social concentra el 46% del total de disposiciones identificadas dentro de este tipo de instrumentos.
Los gastos tributarios sociales incluyen mecanismos como exenciones, deducciones, créditos fiscales, alícuotas reducidas y diferimientos impositivos.
Estos instrumentos se aplican para reducir la carga fiscal de ciertos contribuyentes, sectores o actividades vinculadas a áreas consideradas prioritarias.
La aplicación puede alcanzar a personas, hogares, empresas u organizaciones que participan en la provisión de bienes y servicios sociales. Entre los ámbitos mencionados se encuentran salud, educación, vivienda, protección social y empleo.
El análisis regional muestra que la protección social ocupa el primer lugar, con 46% de las disposiciones tributarias sociales identificadas. Esta categoría incluye beneficios relacionados con seguridad social, asistencia e inclusión de grupos vulnerables.
En segundo lugar aparecen las actividades recreativas, culturales y religiosas, con 20% del total. Luego se ubican vivienda y servicios comunitarios, con 13%, salud con 11% y educación con 10%.

Los datos de la CEPAL indican que Paraguay figura entre los países con menor cantidad de disposiciones tributarias orientadas a objetivos sociales, con 24 medidas registradas en 2023.
La cifra se ubica por debajo de economías como Brasil, con 101 disposiciones, Ecuador, con 74, Uruguay, con 68, y México, con 51.
En el caso paraguayo, las medidas aparecen repartidas entre distintas áreas. Educación concentra 6 disposiciones, protección social 5, actividades recreativas, cultura y religión 5, salud 4, y vivienda y servicios comunitarios 4.
A diferencia del promedio regional, Paraguay no presenta una concentración marcada en una sola categoría, aunque el número total de instrumentos es reducido frente a otros países de América Latina.
El material elaborado por MF Economía e Inversiones señala que el análisis de estos instrumentos también plantea interrogantes sobre su efectividad, impacto distributivo, costo fiscal y coherencia con estrategias de desarrollo inclusivo y sostenible.