Recientemente se ha promulgado la Ley 7.300, la cual modifica el Artículo 173 del Código Penal, aumentando las penas contra las criptominerías ilegales y permitiendo la incautación de los bienes involucrados en dichas actividades.
Esta nueva legislación establece que aquellas personas que utilicen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje para criptominería sin la autorización de la ANDE podrán enfrentar hasta 10 años de prisión y multas complementarias.
La ANDE ahora tiene la facultad de solicitar a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) la administración provisional de los bienes incautados.
Los ingresos obtenidos de la venta anticipada de estos bienes se integrarán al patrimonio de la empresa estatal.
Paula Carro, vocera del Gobierno, mencionó que las medidas adoptadas buscan disuadir a las industrias que operan de forma ilegal, sin criminalizar la producción de criptomonedas en sí misma.
El titular de la ANDE, Félix Sosa, informó que se han llevado a cabo 78 intervenciones contra establecimientos ilegales en colaboración con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Durante estos operativos, se incautaron más de 10.000 procesadores de datos y 52 transformadores de distribución.
Hasta la fecha, dos personas han sido condenadas y once se encuentran imputadas. "A pesar de esta fuerte campaña, lastimosamente ninguna persona responsable de esta actividad ilícita hoy en día está en la cárcel", expresó Sosa.
En mayo, la ANDE estimó un perjuicio mensual de Gs. 13.000 millones debido a las criptominerías ilegales desarticuladas este año.
Dada la expansión de estos establecimientos desde 2020, en 2022 se aprobó una tarifa técnica específica para la producción de monedas virtuales.
A pesar del aumento de esta tarifa, existen solicitudes para instalar establecimientos de criptominería por 400 MW de potencia en total,