El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil con el objetivo de establecer un marco jurídico que promueva la eficiencia y la transparencia en la administración pública.
Esta normativa busca profesionalizar la función pública mediante concursos, evaluaciones y estándares claros para la gestión.
La ley establece reglas para la gestión del sector público, aplicables a todas las instituciones estatales, respetando la autonomía de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional.
Entre sus puntos destacados se encuentra la meritocracia, que permite el ingreso y ascenso basado en méritos, fomentando la profesionalización de la función pública.
También otorga un régimen de protección a los trabajadores contratados que accedan mediante concursos, y reconoce la vigencia de carreras especiales como las de docentes, médicos y enfermeros. Asimismo, introduce un régimen de directivos públicos con estándares definidos para garantizar un servicio de calidad.
La normativa reduce el número de cargos de confianza en las instituciones públicas, limitándolos a áreas específicas como Administración y Finanzas, Asesoría, Gabinete y Secretaría General.
Los demás puestos directivos deberán ser concursados, promoviendo la transparencia en la designación de funcionarios.
Organismos como el Fondo Monetario Internacional y la calificadora Standard & Poor’s destacaron la participación activa en la construcción y discusión de esta ley.
Estas instituciones resaltaron la importancia del proceso para consolidar una administración pública eficiente y ajustada a estándares internacionales.