Internacionales
Honduras recibe calificación negativa de S&P Global por restricciones en política financiera
23/9/24
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S&P Global Ratings ha actualizado la perspectiva a largo plazo de Honduras de estable a negativa, manteniendo las calificaciones crediticias soberanas en 'BB-' para el corto y largo plazo.
La agencia citó rigideces monetarias y la limitada flexibilidad del tipo de cambio como factores clave en su decisión, según el comunicado oficial de S&P Global.
La agencia señaló que los montos vendidos en las subastas diarias solo satisfacen aproximadamente el 40% de la demanda de dólares, lo que resalta la escasez de divisas en la economía hondureña.
Además, la intervención del Banco Central de Honduras (BCH) en el mercado de divisas y el pequeño tamaño de los mercados de capital limitan la efectividad de la política monetaria del país.
S&P Global advirtió que las rigideces monetarias y el tipo de cambio podrían afectar negativamente el perfil externo de Honduras, disminuir la confianza de los inversores y reducir las perspectivas de crecimiento económico.
En un escenario bajista, la agencia indicó la posibilidad de una rebaja de calificaciones en los próximos seis a doce meses si el acceso al financiamiento externo continúa siendo limitado.
Por otro lado, la perspectiva podría mantenerse estable si se logran avances en las políticas monetaria y cambiaria, generando financiamiento externo adicional de acreedores oficiales y comerciales.
La implementación efectiva de reformas financieras y un mayor crecimiento del PIB también podrían contribuir a una mejora en la perspectiva económica.
Honduras mantiene déficits fiscales y niveles de deuda moderados, con la mayor parte de la deuda soberana proveniente de fuentes oficiales.
Las reservas internacionales netas disminuyeron a US$6.800 millones en septiembre de 2024, desde USD 8.400 millones en diciembre de 2022. Se espera que los déficits en cuenta corriente se estabilicen alrededor del 3,3% del PIB entre 2025 y 2027.
La polarización política y la incertidumbre electoral limitan la capacidad del gobierno para aprobar reformas económicas antes de las elecciones de noviembre de 2025.
La falta de avance en la Ley de Justicia Tributaria y la incertidumbre sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEDE) han generado preocupaciones sobre el estado de derecho y podrían disuadir la inversión privada.
