El fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el lunes 21 de abril en la residencia Santa Marta, activó el régimen de sede vacante, durante el cual la administración del Vaticano queda temporalmente a cargo de autoridades eclesiásticas designadas.
Según lo establecido por el Código de Derecho Canónico y documentos como Praedicate Evangelium, Universi Dominici Gregis e In Ecclesiarum Communione, la transición se rige por normas precisas que limitan las facultades de gobierno hasta la elección del nuevo pontífice.
La información fue publicada por medios internacionales con base en comunicados oficiales del Vaticano.
Tres figuras centrales se encargan de la gestión temporal: el camarlengo de la Santa Iglesia Romana, el decano del Colegio Cardenalicio y el secretario de Estado.
El camarlengo tiene a su cargo la certificación de la muerte papal, la administración de los bienes temporales del Vaticano y la organización de los actos funerarios.
El decano del Colegio Cardenalicio se encarga de convocar a los cardenales, organizar las congregaciones generales y preparar el cónclave.
El secretario de Estado mantiene funciones litúrgicas y diplomáticas limitadas.
Durante el periodo de vacancia, las funciones del papa quedan suspendidas. La curia romana cesa en sus funciones, salvo algunas excepciones como el Penitenciario Mayor, el Limosnero Apostólico y el Maestro de las Celebraciones Litúrgicas.
La constitución apostólica vigente establece que no se pueden tomar decisiones que comprometan el futuro de la Iglesia ni realizar nombramientos de obispos.
La elección del nuevo papa se llevará a cabo en la Capilla Sixtina, donde los cardenales menores de 80 años emitirán sus votos de forma secreta.
El cónclave deberá comenzar entre el 5 y el 10 de mayo, y concluirá una vez que un candidato obtenga los dos tercios necesarios para ser electo.
Hasta entonces, el gobierno de la Iglesia se mantiene bajo la administración interina del Colegio Cardenalicio.